Primer compromiso: publicación del curriculum vitae.
Detallado, no genérico, incluyendo todos los cargos públicos y profesionales desempeñados y no solo aquellos que se crean los más importantes. Este documento permite al elector valorar la capacitación, profesionalidad y experiencia de los candidatos en aquellos sectores en los que hayan desempeñado su actividad profesional.
Segundo compromiso: publicación de la situación económica y patrimonial.
En línea con la normativa de distintos países europeos que así lo requiere de aquellos que representan las instituciones públicas. Este documento permite al elector verificar la correspondencia entre la situación económica y patrimonial, la actividad profesional desarrollada y el estilo de vida.
Tercer compromiso: declaración del historial judicial.
Es decir, procedimientos penales en curso y aquellos concluidos con una condena, aunque esta sea leve. El objetivo de esta declaración es permitir a los electores tomar la decisión más informada posible en relación a aquellos que se postulan para tomar las decisiones de gobierno de las comunidades autónomas.
Cuarto compromiso: declaración de potenciales conflictos de intereses.
Que sea el propio candidato el que comparta potenciales conflictos de intereses entre los suyos propios y aquellos del cargo o cargos que aspira a ocupar. Para ser adecuada, esta declaración debe referirse también al cónyuge y familiares cercanos, de modo que se cubran también los intereses mediatos. Este dato permitirá al elector conocer los posibles riesgos de decantarse por uno u otro candidato o candidata.
Candidato Transparente 